Hace mes y medio, acudí a una comisaría de policía para poner una denuncia por falsificación de documentos. ¿Por qué? En resumen, una compañía italiana de alquiler de coches con la que había tratado durante mis vacaciones en la Toscana hizo un cargo en mi tarjeta de crédito que yo no había autorizado y cuya causa desconocía completamente. Por este motivo, hablé con mi banco y reclamé la devolución. Pasado el tiempo, la empresa de alquiler de coches justificó la operación ante VISA proporcionando copia de una serie de documentos relacionados con el asunto. Entre estos documentos figuraba una carta supuestamente firmada por mí en la que autorizaba la ejecución del cargo antes mencionado. El problema es que yo nunca firmé dicha carta y, además, es imposible que lo hiciera porque, en la fecha de la carta, hacía varias semanas que ya me había marchado de Italia. Mientras VISA y mi banco siguen tramitando el expediente de mi reclamación, que comenzó hace más de tres meses, me pareció conveniente denunciar el uso fraudulento de mi firma.
El agente de policía que me atendió estuvo de acuerdo conmigo en que había indicios de delito en el caso que le expuse y se cursó la denuncia. Al cabo de varias semanas, el Juzgado de Instrucción decidió sobreseer el caso por la vía penal y me lo comunicó por escrito, instándome a recurrir si lo creía procedente. Acudí al día siguiente al juzgado para informarme y dispuesto a poner un recurso. En el juzgado, me recibió un oficial que no pudo hacer nada para ayudarme.
Para empezar, aunque mi plazo para reaccionar era muy limitado, de 3 a 5 días, las Diligencias Previas de mi caso no estaban en el Juzgado aún, por lo que no tuve acceso a ellas y no pude averiguar qué había motivado el sobreseimiento del caso. Se suponía que obraban en poder del Fiscal, pero tampoco se sabía si este decidiría recurrir mi caso, entre otras cosas porque se trataba de un hecho producido en otro país, lo que complicaba la gestión (vamos, que seguro que no hacía nada). También se me aclaró que una denuncia por vía penal siempre debe hacerse contra una persona física concreta, nunca contra una empresa u organización, algo que no sabía cuando acudí a poner mi denuncia. Aparte de la falta de información que tengo como ciudadano, lo que facilita que haga las cosas mal y me equivoque desde el principio (¿tendría que empezar desde cero y poner una denuncia contra el presidente o el director de la empresa que ha falsificado mi firma?), me topé con un callejón sin salida.
Yo quería seguir adelante con el caso, llevándolo por la vía civil. Sin embargo, no podía hacerlo por mis propios medios. Tenía que hacerlo a través de un abogado. ¿Hay algún abogado que trabaje gratis o sin cobrar antes de empezar? Entonces me di cuenta de lo indefensos que estamos todos los ciudadanos ante la Ley. Nos resulta imposible competir contra quienes tienen dinero y no les importa gastárselo en abogados, aunque les cuesten más que lo que necesitan ganar o recuperar, como es mi caso.
Lo cierto es que lo único que me cabe esperar es que VISA logre llegar hasta el fin y recupere mi dinero (aunque ya están tardando más de lo que a mí me parece normal). Pero los causantes del delito en sí mismo van a quedar impunes y no hay nada que pueda hacer. Al igual que ocurre con la Oficina del Consumidor (¿alguna vez os ha servido para algo poner una reclamación en un establecimiento que no sea un aeropuerto?), el sistema jurídico me parece inútil y desconcertante para un ciudadano que intenta comportarse con ética y paga sus impuestos y sanciones cuando le toca. Estas situaciones me ayudan a entender la necesidad de acogerse a servicios como los que ofrece Legalitas, aunque me gustaría saber si realmente son efectivos.
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